A pedido del Cabildo de Mendoza, se impulsó la creación de un Paseo público en la ciudad por nota del 17/4/1806. Los Alcaldes consideraban la obra de "conocida utilidad", y aunque no existía un plan formal, se proyectaba construirlo con contribuciones voluntarias de los vecinos y el trabajo de presos en obras públicas. El presupuesto incluía apenas una pensión a los arrieros que traían piedra desde media legua de distancia. El expediente fue remitido a la superioridad para su aprobación, firmado en Córdoba el 13/10/1806 por Victorino Rodríguez, abogado de las Reales Audiencias y gobernador intendente interino de la provincia.
El virrey Liniers autorizó su construcción el 2/5/1808 con recursos mínimos a partir de: contribuciones voluntarias de vecinos y el trabajo de presos en obras públicas, evitando gravámenes mayores. En paralelo, el Cabildo reguló la formación de veredas para mejorar el tránsito y el ornato urbano, y dispuso que el terreno del Paseo se limpiara y nivelara, incluso negociando con particulares para ampliar el espacio y asegurar el cauce de las aguas. Así se sentaron las bases institucionales y prácticas para la obra del futuro Paseo Alameda, reflejando la voluntad de ordenar la ciudad y ofrecer un espacio común de encuentro.
Ya avanzado el proyecto del Paseo Público, el gobernador José de San Martín intervino para asegurar su ampliación. Ante la insuficiencia de los fondos provenientes de las multas de galope, dispuso que todos los recursos recaudados por bandos de buen gobierno y otras causas se destinaran exclusivamente a la obra. Con este decreto, fechado el 28/2/1816 en Mendoza, San Martín garantizó la continuidad del adorno y finalización del Paseo Alameda, consolidando la voluntad institucional de dotar a la ciudad de un espacio común y ordenado.
